CUIDADOS

El modelo de organización de los cuidados en nuestra sociedad es injusto e insostenible. Se fundamenta por un lado en la invisibilizacion del trabajo que las mujeres hacen en los hogares de forma gratuita y por otro lado en la precarización de estos cuando han pasado a ser empleo remunerado.

Cuando se generalizo la incorporación de las mujeres al empleo se produjo la crisis de cuidado que no se resolvió con un debate social que permitiera su reorganización y el fomento de la corresponsabilidad entre hogares, empresas y administraciones.

Si no que se optó por un lado, por la precarización para facilitar su respuesta mediante la mercantilización y aquí juega un papel fundamental el empleo de hogar, una actividad ampliamente extendida en nuestra sociedad pero sin derechos ni dignidad para quien lo lleva a cabo, permaneciendo todavía fuera del régimen general de la seguridad social.

El empleo del hogar y el trabajo de interna se sustenta en la precariedad e inseguridad de la ley de extranjería que genera una mano de obra precarizada y racializada para llevar a cabo estas labores, impulsando las cadenas globales de cuidados y la cobertura del cuidado a través de la explotación de otras mujeres que tienen poco o ningún margen de elección.

Y por otro lado por políticas de conciliación enfocadas a mantener el rol de la mujer como cuidadora y su papel secundario en la vida pública y económica.

Toda esta situación estructural genera un suelo pegajoso que impide a las mujeres desarrollar su proyecto de vida. Y se ha hecho mucho más palpable durante la pandemia donde la conciliación paso a ser un tema central y se complejizo todavía más en las familias monoparentales. La forma de resolverlo a través de los abuelos y abuelas ya no era posible y se multiplico la carga de trabajo de cuidados de las mujeres al cerrar los centros escolares.

El Estado ha impulsado un modelo de cuidados mercantilizado y de bajo coste que hace  recaer en las mujeres gran parte de lo que debería estar atendido a través de los servicios públicos y la corresponsabilidad de los hombres. Ello exige fortalecer las políticas públicas y leyes en materia de dependencia y servicios sociales que han sido privatizadas, mercantilizadas e individualizadas, generando una gran precariedad en un servicio esencial. Un claro ejemplo de ello han sido las residencias de mayores que necesita una revisión en profundidad para garantizar una atención de calidad y mejorar las condiciones laborales de las personas, mayoritariamente mujeres, que trabajan en ellas.

La pandemia ha puesto en evidencia que es imprescindible modificar el modelo de cuidados de mayores en las residencias y centros de día y en la ayuda a domicilio, apostando por residencias públicas de gestión pública y estableciendo una norma estatal con mínimos de ratios de las distintas profesiones y categorías y de módulos de financiación.

Pero también recursos públicos de conciliación que se adapten a las necesidades de las familias y el seguimiento del Plan Me Cuida para que no suponga profundizar la asunción del cuidado solo por las mujeres.

Necesitamos abordar el cuidado de menores y más allá de los permisos equiparados en la actualidad que reducen la brecha entre géneros, aún queda camino por recorrer para conseguir alargar a 6 meses mínimo el permiso maternal ya que es cuando se introduce la alimentación sólida y se reduce la dependencia de la lactancia. Así como priorizar la inclusión de madres que no tienen derecho a dicho permiso, el 38% de las madres en España.  

Tenemos un déficit importante en la cobertura remunerada del trabajo de cuidados, según el Informe El trabajo de cuidados (OIT 2018) en España se dedican a cuidados familiares no pagados 130 millones de horas al día, equivalentes a 16 millones de personas trabajando 8 horas/día.

Queremos revertir esta situación ya que la realidad es que en vez de reforzar su cobertura,  del 1er al 3er trimestre de 2020 se han reducido en 101.200 las personas empleadas en cuidados.

Los cuidados son el ejemplo de como el patriarcado y el capitalismo se alían para sostener el sistema a costa de la explotación de las mujeres.

Por todo ello este 8M exigimos:

– Debate social sobre el modelo de cuidados que realmente incorpore la corresponsabilidad de todas las personas, las empresas y el estado en su cobertura.

-Impulso de un sistema público de cuidados que responda a las necesidades de la población y que garantice dignidad para quien cuida y para quien es cuidado.

– Crear en 2021 doscientos mil empleos en sanidad, educación -particularmente infantil de 0 a 3 años- atención a la dependencia y servicios sociales, para sustituir trabajo no pagado de cuidados por trabajo remunerado y servicios públicos.

– Repensar el acceso a los derechos económicos, paro y jubilación, sólo accesible a través del empleo remunerado ignorando el valor social del trabajo de cuidados y su papel en el sostenimiento del sistema.

– Financiación finalista de la ley de la dependencia para garantizar cuidados dignos y evitar su cobertura mediante la precarización de quienes cuidan. No puede haber nuevos derechos sociales si no hay una garantía de financiación real.

– Evaluación y análisis con perspectiva de género del plan “me cuida que fue la herramienta para favorecer la conciliación que nos permita identificar si ha fomentado la corresponsabilidad o se ha profundizado la brecha de género en el cuidado.

– Cumplimiento efectivo de los planes de igualdad y de los motivos estructurales de la brecha salarial (plus por productividad que obtiene quien no cuida, antigüedad (6 de cada 10 eventuales son mujeres), parcialidad (3 de cada 4 contratos son mujeres) relacionado con el mandato de género de cuidar y la ausencia de una corresponsabilidad efectiva.

– Reducción general de la jornada a 35 h semanales sin reducción de salario, para posibilitar el cuidado y revertir la actual generalización y feminización del trabajo a tiempo parcial y las excedencias como única vía posible de conciliación.

– Incremento de la cobertura del permiso maternal hasta mínimo el 6º mes de vida del bebe, así como incorporar a la prestación por baja maternal a las madres que no tienen derecho a esta.

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